La Justicia de Chubut ordenó una auditoría interna al juez de familia Pablo Pérez y a la psicóloga Jennifer Leiva por haber entregado a Ángel, el nene de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, a su madre Mariel Altamirano y padrastro Michael González, pese a que el chico vivía previamente con su padre Luis y madrastra Lorena en un hogar estable.
La autopsia confirmó 21 lesiones cerebrales por síndrome del niño sacudido, causado por sacudones violentos que provocaron hemorragia y edema cerebral sin golpes externos visibles, en un contexto de violencia sistémica. La madre y padrastro recibieron prisión preventiva por 6 meses; en videollamadas previas a su detención negaron maltratos y admitieron "correctivos" como quitar juguetes o tirones de orejas, mientras el padre Luis les gritó "asesinos" en la audiencia.
Panelistas criticaron el fallo de la ley Lucio Dupuy, promulgada tras el femicidio de Lucio en 2021, que obliga a escuchar al niño pero no se aplicó aquí. Recordaron que en el caso Lucio, la jueza y asistente social fueron absueltas en juicio político y siguen en sus cargos, denunciando un sistema judicial en "piloto automático" ideologizado con garantismo que naturaliza la violencia y pone en riesgo a niños como "cajeros automáticos" para subsidios.
Ángel creció con violencia desde su nacimiento; su madre lo abandonó a los 7 meses, regresó por manutención y lo mató 4 meses después en un rancho precario. Exigieron depuración judicial para evitar repeticiones.