La Justicia investiga créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos como Federico Furiase, Karina Píparo y otros vinculados al oficialismo, por montos superiores a 300 mil dólares. El banco desmintió cambios en condiciones, pero Clarín reveló modificaciones en 2024 que eliminaron restricciones para políticos designados y permitieron segundas viviendas.
Furiase usó un préstamo para una tercera casa en country Los Pilares pese a declarar que una estaba en usufructo a sus padres; registros confirman titularidad. Panelistas critican la ética: plazos acelerados, cuotas bajas y priorización sobre empleados que necesitan primera vivienda.
Alejandro Berkovic detalla auditorías en curso sobre más de 40 préstamos; el banco insiste en cumplimiento normativo (resoluciones 800 y 802), pero surge escrutinio público por contradicción con promesas de cerrar el Nación. Felipe Núñez proponía privatizarlo.
Se cuestiona si codeudores inflaron ingresos para aprobarlos y si directores de sucursales priorizaron a funcionarios. Caputo, ajeno a resoluciones, navega el escándalo como vocero económico.
El debate incluye incoherencia moral del equipo económico y posible prohibición futura de préstamos estatales a funcionarios temporales.