Luis López, padre de Ángel, denuncia que la justicia ignoró el llanto desesperado de su hijo al ser entregado a la madre Mariela, una desconocida para el niño tras años de abandono, pese a videos y pruebas que mostraban su rechazo.
El panel cuestiona un acta judicial del 9 de febrero de 2026 donde supuestamente Ángel expresó querer estar con la madre, pero afirman que el niño no sabía leer ni escribir, que el acta fue firmada por adultos y que no hay videos ni audios reales. Critican la falta de verificación por asistentes sociales, que no revisaron el hogar ni revincularon al niño con la madre.
Acusan al Estado de complicidad en la muerte violenta del niño, con golpes craneales incompatibles con una caída, malnutrición y condiciones precarias en el hogar de la madre, pese a que el colegio alertó cambios en su conducta. Mencionan que la madre abandonó a Ángel a los 10 meses, se llevó a Córdoba y repite patrones del caso Lucio Dupuy, donde perdió otro hijo.
Denuncian perspectiva de género que prioriza a la madre automáticamente, pobreza no excusa el desorden y suciedad, y falta de pericias psicológicas semanales. El padre revela que la madre lo intimidó para quedarse con el niño por las buenas o malas, y niega violencia de su parte pese a acusaciones no formalizadas. Nadie del Estado ayudó al padre con psicólogos tras la muerte.