La justicia familiar aplicó una perimetral de 90 días contra el padre biológico y Lorena Andrade, impidiéndoles ver a Ángel por tres meses, sin investigar las denuncias de la madre biológica ni escuchar los videos y audios presentados donde el niño lloraba rechazándola.
Panelistas cuestionan por qué se firmó la perimetral, quién fue el juez o fiscal involucrado, y el rol de la psicóloga Leiva, destacando la falta de asistentes sociales en los hogares y la priorización automática de la madre biológica pese a antecedentes como el abandono al año de edad y el cuidado exitoso de tres años por el padre y su pareja.
Critican la desidia judicial y desfinanciamiento de juzgados de familia, comisaría de la mujer y defensoría de menores en Comodoro Rivadavia, que manejan cientos de causas sin fuero específico para niñez, comparándolo con casos como Lucio Dupuy y exigiendo sentido común para proteger al niño.
El padre peregrino por el juzgado civil sin respuestas, y audios del padrastro llamando al niño "una carga" fueron ignorados, agravando la vulnerabilidad del menor en un entorno traumático.