La abogada Mariana Gallardo denuncia que la justicia familiar no previene maltratos infantiles ni ve señales, actuando solo después del daño como en los casos de Ángel Nicolás López y Lucio Dupuy, cuya familia impulsó la ley Lucio.
Critica la priorización de la madre por género sobre el interés superior del niño, ignorando la Convención de Derechos del Niño que obliga a oír al menor sin interferencias adultas; en el caso de Ángel, videos mostraron al niño de cuatro años llorando pidiendo vivir con su papá, pero la psicóloga Leiva lo desoyó.
Explica que la perspectiva de género es válida contra violencia hacia mujeres, pero vulnera derechos del niño al cortar vínculos paternos; urge profesionales imparciales sin sesgos políticos o de género, como en el Ministerio Público Tutelar de Capital.
Enlaza con casos como Bisone y una adolescente que denunció a su madre alcohólica sin ser escuchada; cuestiona informes falsos como el escándalo en Tandil y recuerdos implantados en denuncias, citando Ricardo Díaz-Soti en el Senado; lamenta que leyes como Lucio o Micaela no cambien mentalidades en escuelas, salud y vecinos.
Insiste en poner al niño en el centro, investigando sin favoritismos por género, política o dinero para evitar tragedias repetidas.