La UTA resolvió mantener la retención de tareas a partir de las cero horas del 9 de abril en el AMBA, pese a que el gobierno nacional depositó 50 mil millones de pesos de subsidios de abril y las empresas confirmaron que los sueldos de marzo ya están acreditados en las cuentas de los colectiveros.
Las empresas de colectivos denuncian que la provincia de Buenos Aires les adeuda 100 mil millones de pesos, pero la UTA ignora esa deuda y anuncia la medida con solo cinco horas de antelación, generando sospechas de un apriete político para culpar al gobierno nacional y proteger al gobernador Kicillof. El panel califica esto de lockout patronal, extorsión y toma de rehenes a los usuarios, con colas de hasta una hora y frecuencias reducidas.
En las calles, como en Constitución, los pasajeros esperan más de 30 o 60 minutos, viajan hacinados colgándose de los colectivos en condiciones peligrosas, con riesgo para ancianos y trabajadores que tardan horas en llegar al trabajo. Empresas como Dota aseguran que trabajarán mañana normalmente, pero temen adhesión de choferes a la retención.
El conflicto se agrava por el aumento del 25-35% en combustibles pese a subsidios altos, en un contexto de recorte gradual para desinflación. No hay conciliación obligatoria aún porque no es huelga formal, sino retención que amarga la vida cotidiana de millones en el AMBA.
El gobierno analiza dictar conciliación obligatoria y critica la intencionalidad detrás para generar malestar social contra Nación, mientras la provincia juega sucio en medio de deudas impagas.