El debate en la Cámara de Diputados por la modificación de la ley de glaciares 26.639 supera las 10 horas con posturas encontradas: provincias mineras como Salta y Catamarca defienden transferir control a gobernadores para fomentar minería sustentable y empleo, mientras opositores critican riesgos ambientales y falta de fiscalización nacional.
El diputado Pablo Autes de Salta argumentó que la minería genera riqueza para todo el país, exige control pero rechazó centralismo que subestima capacidades provinciales, comparando con agricultura en Córdoba o ganadería en Santa Fe. La diputada Ávila de Catamarca respaldó similarmente el desarrollo responsable pese a protestas reprimidas ante el Congreso.
Opositores como Néstor Pitrola del FIT calificaron el proyecto de "delincuentes", Rossi alertó por "poca previsibilidad" y Miguel Ángel Pichetto lo tildó de "retroceso" que abre camino peligroso sin elementos nuevos desde 2010. El IANIGLA fue cuestionado por provincias mineras por falencias en inventarios.
Intervenciones como la de Pietragala derivaron en críticas al gobierno por memoria del golpe y "seres despreciables", mientras cuestiones de privilegio interrumpieron. Un diputado criticó audiencias públicas no inclusivas, citó veto de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 y fallo de Corte Suprema obligando presupuestos mínimos nacionales.
Oficialismo estima números para aprobar pese críticas; debate prosigue con cierres de bloques y votación inminente.