El expresidente boliviano Luis Arce denuncia violaciones de derechos humanos desde el penal de San Pedro en una carta pública. Afirma ser privado de libertad sin orden legal de aprehensión, calificándolo como secuestro al margen de la ley.
Arce sostiene no haber recibido notificación previa pese a su disposición a presentarse ante la justicia, con todas las solicitudes de su defensa rechazadas, incluyendo exámenes médicos por riesgo a su salud. Describe condiciones inhumanas, interrupciones para fotos y videos como tortura psicológica.
Reclama el allanamiento de su domicilio como muerte civil y política, exigiendo respeto al debido proceso y presunción de inocencia. Niega acusaciones y califica el proceso como persecución política del gobierno de Rodrigo Paz.