El empresario Marcelo Porcel fue procesado por abuso gravemente ultrajante y corrupción de menores contra 10 compañeros de su hijo, pero sin prisión preventiva pese a decena de testimonios en Cámara Gesell.
La justicia le embargó más de 100 millones de pesos y le prohibió salir del país, pero permitió declarar por Zoom y dilató medidas, contrastando con otros acusados que van esposados con menos pruebas.
El juez Carlos Bruñar decidió así, generando dudas sobre imparcialidad ante el poder del empresario y protección a víctimas.
Se critica la falta de preventiva para resguardar a menores y familias contra influencias del dinero y contactos.