Directores del Banco Central y funcionarios del gobierno de Milei, como Federico Furiase, Felipe Núñez y Pedro Insaste, accedieron a créditos hipotecarios en el Banco Nación por montos equivalentes a cientos de miles de dólares, beneficiándose de tasas subsidiadas exclusivas para empleados públicos.
Legisladores libertarios como Mariano Campero, Alejandro Bongiovanni, Lorena Villaverde y Yarif Menem recibieron préstamos millonarios justo después de votar leyes clave como la Ley Bases o el DNU de la SIDE, mientras cancelaban deudas previas de forma sospechosa.
La diputada Mónica presentó una denuncia penal por tráfico de influencia y negociaciones incompatibles, exigiendo actas del directorio del Banco Nación y carpetas crediticias para verificar si hubo privilegios para la "casta" política, contrastando con la rigidez para ciudadanos comunes.
Casos como el de Carolina Píparo, que canceló deudas millonarias al asumir, y senadores como Guillermo Eduardo Andrada alimentan sospechas de sobornos o blanqueo, en medio de recortes salariales al sector público y promesas de cerrar el banco.
Panelistas criticaron la falta de ética del gobierno, que usa fondos de ahorristas para favores a aliados, y demandaron investigaciones rápidas para preservar la confianza en el banco señero.