La investigación por la muerte del anestesista Alejandro Salazar el 20 de febrero avanza con un cuarto allanamiento en la Asociación de Anestesiólogos de Buenos Aires, donde la policía secuestró documentación sobre los médicos imputados Boveri y Delfina Lanús. Estos profesionales admitieron ante la Federación de Anestesistas haber robado propofol y fentanilo del Hospital Italiano durante tres años para consumo recreativo en fiestas privadas, aunque se negaron a declarar ante la Justicia.
El toxicólogo y director del Hospital Fernández, Carlos Damin, explicó que los controles de estas sustancias son estrictos, con registros detallados de ampollas entregadas y devueltas, pero admitió que una connivencia podría permitir filtraciones limitadas. Destacó el riesgo letal de estas drogas, con un rango terapéutico estrecho que explica sobredosis como la de Salazar, y enfatizó que el consumo recreativo busca sensaciones placenteras de sedación y analgesia.
En conexión en vivo, el reportero Javier Mozo cubrió el allanamiento de cuatro horas, donde el doctor Jeromé, representante de la asociación, confirmó la entrega de actas y desvinculaciones de los imputados. Niega la existencia de una red de comercialización, insistiendo en casos aislados, y aclaró que dos causas judiciales separadas explican la repetición de pedidos de documentación. La asociación se presentó como denunciante tras enterarse de los robos detectados por trazabilidad de lotes.
La Justicia perita dispositivos electrónicos, jeringas, sondas y ampollas halladas en allanamientos previos en domicilios de los imputados y de Salazar en Capital Federal y Tigre. Imágenes del Hospital Italiano muestran la manipulación de drogas, y hay acusaciones cruzadas entre Boveri y Lanús sobre responsabilidades en el robo y suministro.