Revés judicial al gobierno en segunda instancia: la Cámara Contencioso Administrativo ratificó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la ley de financiamiento universitario, exigiendo actualización inmediata de salarios docentes y no docentes según artículos 5 y 6.
La medida cautelar responde al desfinanciamiento del sector, con un paro universitario de tres días desde el lunes. El retraso salarial supera el 50%, pese a que en primera instancia ya se había ordenado el cumplimiento.
El gobierno intenta dejar atrás el período desde diciembre 2023 hasta septiembre 2024 con una nueva ley en Congreso, pero el fallo obliga a compensar la pérdida de poder adquisitivo del 40% inicial.