La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló contra el gobierno nacional, confirmando la sentencia de primera instancia que ordena cumplir la ley de financiamiento universitario vetada por el Ejecutivo. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán exigieron la actualización salarial retroactiva para docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023, además de la recomposición de becas estudiantiles hasta la sanción de una nueva ley.
La resolución de primera instancia aclaró que el impacto presupuestario no es significativo. Panelistas calificaron el fallo como una mala noticia para el gobierno, que no implementó las partidas presupuestarias pese a la aprobación en el Congreso. El tema se judicializó tras el veto presidencial, generando controversia similar a la ley de discapacidad.
Actualmente, rectores elaboran un nuevo proyecto de ley de financiamiento. El fallo declara la inconstitucionalidad del decreto de veto y desestima los agravios del gobierno.