Presos en penales bonaerenses como Magdalena, Devoto y Lomas de Zamora operan call centers con celulares para estafar a jueces y civiles haciéndose pasar por empresas, bloqueando WhatsApp y robando datos, mientras dirigen robos, desarmaderos y amenazas desde adentro.
En la Unidad 35 de Magdalena, Gabriel Nicolás Jiménez de 26 años, condenado a 10 años por robos, lideraba 30 llamadas diarias de 9 a 17 hs. Víctimas incluyen jueces como Luis Cayuela y Juan Eduardo Esteban. Videos de TikTok muestran presos grabándose estafando, indignando a panelistas que denuncian falta de inhibidores por fallas del gobierno de Alberto Fernández.
En Marcos Paz instalaron teléfono fijo al líder de "los monos", y en Devoto gabinetes para inhibidores quedaron vacíos pese a pagos. Presos amenazan motines por aumentos, como en 2022 cuando exigieron 225 televisores para el Mundial de Qatar bajo amenaza de revuelta. Sandra Arroyo Salgado pidió a Mena quitar celulares tras caso del soldado Gómez, sin respuesta.
Panel critica costo político para Kicillof de enfrentar motines por familiares de presos, priorizando votos sobre seguridad. Gastos en resocialización y 20 organismos de control como Procuración Penitenciaria (16.000 millones anuales) superan seguridad, con 130.000 pesos diarios por preso. Familiares de víctimas sufren amenazas vía redes desde cárceles.