El fiscal Policita imputó formalmente al jefe de gabinete Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y dádivas, unificando causas iniciadas por diputados como Esteban Paulón, Marcela Pagano, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. La investigación revela discrepancias en sus declaraciones juradas, con bienes no declarados como una casa en Indio Cua Golf Club por 166 mil dólares, un departamento en Caballito valuado en 350 mil dólares y una Jeep Cherokee a nombre de su esposa Karina Angeletti.
Adorni dio una conferencia de prensa que oscureció más que aclaró el viaje en avión privado a Punta del Este, admitiendo el departamento en Caballito pero negando irregularidades y ratificando que pagó las facturas, aunque el piloto lo desmintió horas después. La esposa figura con contratos millonarios por "humanizar empresas" proveedoras del Estado como YPF, facturando seis millones de pesos por tres jornadas, lo que genera dudas sobre incompatibilidades éticas y posibles dádivas vía empresas ligadas a Marcelo Grandío.
Opiniones en la calle critican la defensa de Adorni como sobrevuela y desastrosa, exigiendo su renuncia para no dañar al gobierno de Javier Milei. Paulón, uno de los denunciantes, destaca la velocidad de la causa ante el juez Lijo y cuestiona la normalidad impostada por el oficialismo, mientras Milei lo abrazó públicamente. Analista Juan Cauré advierte que el escándalo agrava la imagen negativa del 60% de Milei, con expectativas económicas en mínimo histórico y Massa ganando un hipotético balotaje.
El panel denuncia una sobreactuación de austeridad rota por imágenes de Adorni en avión privado y camioneta de lujo, contrastando con promesas anticorrupción, en un contexto de caída económica vivencial que pesa más que el escándalo pero suma desconfianza.