El investigador de la ONG Fundar, Ángel Ruiz, denunció que el gobierno mexicano minimiza la crisis de desaparecidos al considerar solo casos con carpeta de investigación penal, ignorando la ley que obliga búsqueda diligente para cualquier ausencia.
Las 40.000 personas con actividad reciente no han sido verificadas con prueba de vida; podrían ser suplantaciones o ciberdelitos. Falta metodología y actuación de autoridades.
La gestión de Claudia Sheinbaum administra la problemática sin apuesta política decidida, presupuesto ni fortalecimiento institucional, presentando datos sin contexto.
Las familias y colectivos logran más identificaciones que las autoridades; es grave restringir definición de desaparición.