Un revés judicial frenó la salida de Agostina Páez de Brasil, donde enfrenta cargos por racismo tras un incidente en Río de Janeiro. El juez Guillermo Duarte pausó la cautelar que le prohibía salir del país hasta el martes, cuestionando la filtración de una conferencia donde se mencionó resarcimiento de 50.000 dólares por víctima (tres víctimas, total 120-150 mil dólares).
La fiscalía alegó sensación de impunidad al filtrarse el monto, argumentando que pagar genera percepción de que delitos raciales quedan impunes si hay dinero. La defensa, liderada por Carla Junqueira, presentó habeas corpus para suspender la cautelar y planea apelar a la Corte Suprema brasileña si falla la incompatibilidad, alegando privación ilegítima de libertad.
Pablo Corzo reportó desde Brasil que la familia lucha por reunir fondos para la caución del 50%, mientras medios locales recortan el video ignorando agresiones previas a Páez (gestos obscenos de mozos). Políticos argentinos como Alberto Fernández, Marcela Pagano y diplomacia parlamentaria se involucraron, generando cruces por méritos en la gestión.
Alberto Fernández contó que intervino hablando con autoridades brasileñas para pedir juicio pero no sanción desmedida a la joven de 20 años. Pagano acusó al gobierno de abandonar a la compatriota, destacando rol de Fernández y diplomacia parlamentaria sin fotos.
La abogada reconoció agresión previa a Páez pero enfatizó disculpas públicas y silencio mediático. El proceso continúa con alegatos y posible pena mínima de dos años con multa, trabajos comunitarios y resarcimiento en Argentina si sale.