Presos en cárceles bonaerenses utilizan celulares ilegales para extorsionar a jueces como Luis Cayuela y Stepaniuk de la Cámara Penal de San Isidro, haciéndose pasar por empleados de correo para obtener códigos vía WhatsApp.
La jueza federal Sandra Reyes Salgado reveló casos graves como suicidios causados por amenazas, incluyendo el de Juan Waldrich en Bolívar, el soldado Gómez en Olivos y un adolescente en Santa Fe víctima de grooming por un condenado de 40 años que usaba PlayStation e internet desde prisión.
Se incautaron entre 3 y 7 celulares por caso, con líneas ilegales y falta de control en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Proponen inhibidores, ley provincial como la de Bahía Blanca por Oscar Lieberman, y reforma al Código Penal con Juan Bautista Maíquez y Juan Martín Mena.
En Devoto usaban estudios universitarios para acceder a internet y cometer delitos. La autorización de celulares en pandemia por Cámara de Casación fue excepcional pero persiste pese a fin de pandemia.