Presos del penal de Magdalena operaban un call center carcelario para estafar a dos jueces de cámara de San Isidro, haciéndose pasar por soporte técnico de WhatsApp y robando códigos de verificación de seis dígitos para clonar cuentas y pedir dinero a contactos.
Los delincuentes usaban celulares a su nombre dentro de la celda, contactaban víctimas con datos personales de bases robadas (empresas, vacunación COVID), fingiendo problemas con cuentas Movistar o WhatsApp. Un reincidente condenado a 10 años fue identificado como autor principal.
La banda pedía datos durante llamadas, enviaba supuestos correos de recuperación y advertía no compartir códigos. Jueces víctimas investigaron hasta el origen en la cárcel; un tercero fue alertado por colegas. Autoridades secuestraron celulares; se repiten estafas como falsas ventas de dólares o telepeaje.
Mariana Galmarini presentó proyecto en Senado bonaerense para prohibir celulares en cárceles, ante el debate sobre su uso en estafas sexuales, cambio de dólares y más. Antes, llamadas desde teléfonos públicos avisaban origen penitenciario.