El Parlamento Europeo aprobó una regulación para acelerar deportaciones de solicitantes de asilo rechazados, con apoyo de conservadores y ultraderecha, penas duras para migrantes ilegales y centros de detención fuera de la UE.
Organizaciones de derechos humanos critican los centros como agujeros negros legales; defensores alegan efecto disuasorio.