El Parlamento Europeo aprobó una nueva regulación que acelera la deportación de solicitantes de asilo cuya petición fue rechazada.
La propuesta contó con apoyo de amplia mayoría gracias a alianza entre grupos conservadores y partidos de ultraderecha.
La modificación incluye penas más duras para migrantes ilegales y facilita creación de centros de detención fuera de la Unión Europea.
Organizaciones de derechos humanos critican que se conviertan en agujeros negros legales, mientras defensores alegan efecto disuasorio.