Agostina Páez, la argentina acusada de gestos racistas en un bar de Río de Janeiro el 14 de enero, sufrió un revés judicial que impide su regreso inmediato al país pese a una audiencia que inicialmente lo permitía.
La joven, quien usó pulsera electrónica por dos meses y pidió perdón a las supuestas víctimas, debe esperar tres días más según su abogada Carla Junqueira, pero las medidas cautelares persisten por burocracia y cobertura mediática en Brasil, donde medios omitieron que el incidente surgió de un maltrato previo y estafa en el bar.
Panelistas criticaron la diplomacia argentina "paupérrima", la hipocresía institucional y el riesgo de cárcel peligrosa para Páez por discriminación, comparándolo con casos como "Preso de Medianoche". La familia está en quiebra por costas de 50 mil dólares por víctima.
Destacaron que Brasil usó el caso como propaganda política contra argentinos, pese a lazos turísticos y tratados, y pidieron mejor protección consular para ciudadanos en el exterior.