Un grupo de abogados denuncia en Santa Fe una red de psicólogas que generan informes falsos con indicadores inespecíficos de abuso sexual infantil, como retraimiento, irritabilidad o regresión en niños, para sostener denuncias de madres en divorcios y obtener medidas cautelares que aíslan a los padres y toda la línea paterna de los hijos.
Los informes de estas psicólogas difieren de evaluaciones de pediatras y psicólogos familiares, que no detectan esas conductas fuera de las terapias. Casos como el de Lucio Dupuy, asesinado tras siete falsas denuncias que lo separaron de su familia paterna, o Tomás Guisoni, quien reveló recuerdos implantados, ilustran el daño. Abuelas lloran no ver nietos hace años y hay suicidios vinculados.
Expertos describen una industria organizada con abogados, peritos y ONG como AEVA, detrás de casos como Pablo Chisoni y Nicolás Valerdi, con figuras como el exjuez Carlos Rosansky y Dora Barrancos. Se denuncia implantación de recuerdos falsos en niños y un negocio de miles de dólares por pericias militantes en contextos de separación vengativa.
Actualmente, falsas denuncias penalizan con 2 meses a 1 año de prisión y multas ridículas de 12.000 pesos. Carolina Lozada presenta proyecto para elevar penas a 1-3 años general, 3-6 agravadas por abuso o género con dolo, y hasta 9 años para peritos, más inhabilitación. Critican "hermana yo te creo" por invertir carga de prueba y bastardean lucha contra violencia real.
El debate alerta sobre jueces cómplices, peritos estatales sin método y patotas que escrachan absoluciones, pero aclaran existencia de abusos reales y que reformas no amenazan denuncias genuinas, requiriendo prueba de dolo.