El Parlamento Europeo aprobó una nueva regulación que acelera la deportación de solicitantes de asilo cuyas peticiones fueron rechazadas. La propuesta contó con el apoyo de una amplia mayoría gracias a una alianza entre grupos conservadores y partidos de ultraderecha.
La modificación incluye penas más duras para migrantes ilegales y facilita la creación de centros de detención fuera del territorio de la Unión Europea. Organizaciones de derechos humanos critican estos centros como "agujeros negros legales", mientras sus defensores argumentan un efecto disuasorio.