El gobierno argentino sobreactuó en el caso de Agustina Páez, abogada imputada por racismo en Brasil, complicando su regreso para cumplir pena morigerada con trabajos comunitarios tras acuerdo con la fiscalía.
Alberto Fernández y diputada Marcela Pagano gestionaron con éxito influencia en Brasil para fiadores y tratados judiciales, pero Cancillería con Pablo Quirno y consulado arrogó logros prematuros en conferencia, enojando al juez que ahora toma 15 días para decidir.
Patricia Bullrich posteó acusando a Pagano y Fernández de buscar protagonismo, mientras el gobierno critica interferencias opositoras pese a no haber actuado inicialmente como en caso Nahuel Gallo.
Panel critica inoperancia diplomática del gobierno Milei, que metió la pata con posts y shows, convirtiendo el caso en guerra política y dejando a Páez como rehén de conveniencias, cuando ya pedía disculpas y pagaba resarcimientos.