Estados Unidos argumentó que no reconoce a Nicolás Maduro como jefe de Estado legítimo, lo que debilita reclamos de inmunidad en su captura del 3 de enero por narcotráfico y armas. El caso revive precedentes como la detención del general panameño Manuel Noriega en 1989, donde se autorizaron operaciones militares limitadas sin aprobación del Congreso por interés nacional.
El debate legal destaca tensiones con la Carta de la ONU, pero Washington sostiene que no aplica en estas circunstancias, similar a argumentos en invasión a Panamá. Maduro se declaró no culpable y su futuro se definirá en tribunales estadounidenses.
Más allá del veredicto, el episodio reabre discusiones sobre límites del poder militar y judicial internacional, cuestionando la legalidad de la operación que derrocó a Maduro sin autorización ONU.