La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó las oficinas de la empresa Alfa Centauri en el aeropuerto de San Fernando por orden del juez Ariel Lijo, en busca de toda la documentación contable, comercial y bancaria relacionada con los vuelos privados de Manuel Adorni a Punta del Este, incluyendo facturas de ida y vuelta junto a su amigo Marcelo Grandío.
El juez también citó como testigo a Agustín Isín, quien emitió una factura por 3.000 dólares del vuelo de regreso el 9 de marzo, supuestamente pagada por Grandío, proveedor de la Televisión Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete. Además, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Grandío, su productora y Alfa Centauri, y se reclaman todos los contratos estatales de Grandío.
Adorni, imputado en la causa por posible malversación de fondos públicos, dio una conferencia de prensa con ministros como Luis Caputo, Mario Lugones y Federico Sturzenegger, pero no mostró facturas ni explicó pagos ni alojamiento en Punta del Este. El gobierno lo acusó de "fake news" vía Oficina de la Verdad, pero los panelistas defienden que las facturas constan en el expediente judicial.
Se revelan irregularidades patrimoniales: Adorni no declaró un departamento en Caballito (Miró 500) comprado sin vender otro en Parque Chacabuco, una propiedad en Parque Patricio vía crédito UVA de su esposa, y una casa en country en Exaltación de la Cruz, bajo investigación por enriquecimiento ilícito que podría unificarse con la causa de los vuelos.
El escándalo paraliza al gobierno de Javier Milei; Karina Milei respaldó a Adorni diciendo "si van por él van por mí", mientras surgen especulaciones sobre posibles sucesores como Sandra Pettovello o Diego Santilli. La discusión incluye críticas a la conferencia como puesta en escena fallida.