La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) solicitó a las 25 empresas con hangares en el aeropuerto de San Fernando las grabaciones de cámaras de seguridad del 12 y 17 de febrero, por orden del juez Ariel Lijo en la causa iniciada por el diputado Esteban Paulón contra Manuel Adorni por su vuelo charter a Punta del Este. El video que muestra a Adorni con su familia caminando hacia el avión se grabó desde las oficinas centrales de migraciones y aduana, no desde un hangar privado, según análisis de imágenes aéreas y superposiciones.
Panelistas debaten el origen de la filmación: sospechan de personal de PCA, ANAC o sindicalistas de ATE, ya que el video se filtró un mes después. Adorni denunció posible espionaje interno y anunció investigación gubernamental, mientras la justicia busca audios de sus entrevistas y facturas del vuelo: ida pagada por productora de su amigo Marcelo Grandío (de Televisión Pública) e ida/vuelta con dudas sobre dádivas. Cuestionan si Adorni pagó su parte con dinero familiar y piden comprobantes bancarios.
Surge polémica por casa de Adorni en country no declarada, denunciada por diputada Marcela Pagano como "mansión premium", aunque panel defiende que es familiar y de clase media. Critican a Pagano por vivir en exclusivo country La Isla (Nordelta), denunciar robo de 7.500 dólares en mesa de luz a empleada y su rol en presunta operación destituyente con kirchnerismo contra Milei. Lilia Lemoyne acusa a Pagano de topo infiltrada para juicio político.
Gobierno ratifica a Adorni pese a contradicciones con narrativa libertaria; panel divide: unos piden explicaciones públicas sobre pagos y visitas de Mauricio Novel (caso Libra), otros ven operación política y recomiendan responder solo vía justicia. Celebran escrutinio pero comparan con casos K impunes.