La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) publicó informe que detecta decenas de policías y militares condenados por delitos de lesa humanidad en dictadura que no fueron dados de baja y mantienen estatus de retiro, conservando jubilaciones, pensiones y obra social.
De 78 casos identificados, 26 se dieron de baja pero 50 persisten con vínculo institucional al Estado, pudiendo ser convocados; ejemplos incluyen Julio César Fulgencio Falque (Armada, perpetua por secuestros/torturas) y Jorge Luis Mañaco (médico militar, robo bebés).
Documento de marzo remitido a Ejecutivo, Congreso y Corte Suprema genera silencio oficial ante 50 años del golpe; legisladores exigen acción para cortar beneficios y memoria histórica, destacando responsabilidad estructural más allá burocracia.
Investigación surgió de tres casos pero reveló problema sistémico en Fuerzas Armadas; Carlos Peschi, exjefe Ejército y actual ministro Defensa, no resolvió pedidos de baja de 2024.