La Policía Federal forcejeó con manifestantes, prestadores, transportistas y familias de personas con discapacidad frente a la Casa Rosada en Plaza de Mayo, impidiéndoles instalar una carpa para un acampe por tiempo indeterminado. Los reclamos surgen por cinco meses de pagos adeudados de la obra social Incluir Salud, lo que amenaza con cerrar centros de día, escuelas especiales y reducir terapias.
En vivo desde el lugar, la periodista Romina Mor reportó empujones, gritos y violencia frente a chicos y adultos con discapacidad que acompañan a padres y profesores. Los prestadores y transportistas no reciben dinero para insumos, nafta, cubiertas ni salarios, recurriendo a deudas y recortes en seguridad vehicular; muchos centros ya cierran o bajan calidad de alimentación y prestaciones.
Testimonios de manifestantes denuncian represión injusta: "Sí, claro que le pegaron y nos empujaron", "Responsables son ellos", mientras guardianes de niños autistas y sin voz claman contención estatal para terapias, musicoterapia, psiquiatría y escolarización que mejoran su calidad de vida. La situación pasó de emergencia a catastrófica, vulnerando derechos pese a argumentos de déficit fiscal.
La policía mantiene presencia fuerte y no permite la carpa por contexto mundial como guerra con Irán, pero el reclamo se hace oír manualmente bajo el sol; reporteros insisten en priorizar discapacidad en el ajuste.