Policía federal desalojó por la fuerza una carpa de familias y prestadores de discapacidad en Plaza de Mayo que protestaban por atrasos en pagos y falta de aplicación de ley de emergencia en discapacidad.
Natalia, afectada, denunció cortes en tratamientos interdisciplinarios, transporte y pagos de FAMI e IOMA. Precariedad impide continuidad; aumentos miserables frente inflación. Represión policial pese reclamos pacíficos.
Ley exige reinstalar pensiones no contributivas y 70% aumento prestaciones, pero no cumplido pese fallo judicial. Acuerdo reciente solo 5% más compensación tramitada. Gobierno anterior prometió cumplir manda judicial sin resultados.
Familias exigen acceso a salud, educación y vida digna; rechazan individualizar discapacidad.