Cristina Fernández de Kirchner continuó su declaración en la causa Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py, denunciando prácticas mafiosas del juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, vinculados a la asociación ilícita de Marcelo D'Alessio con servicios de inteligencia, periodistas y empresarios para extorsionar y chantajear.
Detalló cuatro casos probados documentalmente: primero, los hermanos Pablo y Sebastián Barreiro, a quienes un intermediario Lignani amenazó con detención inminente exigiendo 500.000 dólares para evitarla, con reunión en la oficina de Stornelli sin acta clara ni abogado presente. Segundo, el empresario Pedro Echévez, extorsionado con 300.000 dólares, mostró chats y fotos en Pinamar donde Stornelli y D'Alessio se reunieron con él y un tercero apodado "cajero de Cuadernos" buscando fondos para campaña.
Tercero, el caso Castañón-Di Stéfano, exesposo de la mujer de Stornelli, a quien este pidió a D'Alessio plantar droga en su equipaje por celos. Cuarto, el abogado José Manuel Ubeira, defensor de Tomás en esta causa, al que planeaban cámara oculta para fabricar prueba de terrorismo sobre un escrito supuestamente de letra de CFK, allanaron su casa e involucraron a Patricia Bullrich.
Acusó fraguas de pruebas, detenciones masivas para forzar arrepentidos contra ella, contrastó con Vialidad donde la condenaron por beneficiar a Lázaro Báez y ahora por asociación con todos los empresarios, criticó al Consejo de la Magistratura por politizar la Justicia post-1994, comparó con lawfare en Brasil y Ecuador vía obra pública, y exigió llamar a Stornelli antes de responder preguntas.
Concluyó que la causa es un disparate sin pruebas de cohecho ni dinero hallado pese a allanamientos, predijo fin del lawfare por crisis económica pese a condenas posibles de 15 años, y afirmó que no mejorará la vida de argentinos.