Cristina Fernández de Kirchner denunció prácticas mafiosas del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa Cuadernos, vinculándolas a una asociación ilícita confirmada por el Tribunal Oral Federal 8 en el caso D'Alessio, donde Stornelli tuvo un rol activo junto a Marcelo D'Alessio, miembros de inteligencia, periodistas y empresarios para extorsionar y chantajear.
Detalló cuatro casos probados documentalmente: primero, los hermanos Pablo y Sebastián Barreiro, a quienes amenazaron con detención inminente por no declarar en su contra, exigiendo 500 mil dólares vía un intermediario ligado a Bonadio y Stornelli; Pablo fue recibido en la oficina de Stornelli sin constancia clara. Segundo, el empresario Pedro Echévez, a quien D'Alessio mostró chats con Stornelli y le exigió 300 mil dólares en un balneario de Pinamar, con fotos y un cuaderno negro como prueba, involucrando a un tercer personaje descrito como "cajero de la causa Cuadernos".
Tercero, el caso Castañón, exesposo de la mujer de Stornelli, a quien este acordó plantar cocaína en su equipaje por celos. Cuarto, el abogado José Manuel Ubeira, defensor de acusados como Tomás y vinculado al intento de asesinato contra ella, a quien planeaban una cámara oculta por un escrito supuestamente de su letra, proponiendo incluso armarla como "terrorismo", con chats donde Stornelli sugiere abogados y menciona a Patricia Bullrich.
Amplió a irregularidades como forum shopping, detenciones masivas para forzar declaraciones, interferencias políticas y falsedades en actas, cuestionando la legitimidad de la causa ante allanamientos infructuosos en sus propiedades y la ausencia de pruebas concretas de coimas. Contextualizó esto en una "lawfare" judicial post-golpes militares, criticando el Consejo de la Magistratura por politizar la Justicia, y defendió la obra pública como motor económico sin corrupción probada en pagos a multinacionales.
Concluyó que el juicio es un "disparate" por contradicciones con Vialidad, donde fue condenada por beneficiar a Lázaro Báez pero ahora acusada de asociación con otros empresarios, y anticipó que pese a posibles penas de 15-20 años, la realidad económica y el "estómago" del pueblo cambiarán las cosas, negándose a responder preguntas en Comodoro Py.