El panel del programa Indignados debatió intensamente sobre el uso de celulares en las cárceles argentinas, originado durante la pandemia como beneficio temporal para comunicación familiar, pero que se transformó en un derecho adquirido que facilita el mando de bandas criminales desde prisión.
Sorbo insistió en que instalar inhibidores de señal celular es técnicamente sencillo y económico, con costos de unos 150 dólares por unidad básica, pero requiere una decisión política clara, criticando al gobierno kirchnerista por no haberlos implementado en 20 años de gestión pese a casos extremos como fiestas con parlantes, televisores y música en celdas.
Los conductores mostraron videos de fiestas en pabellones carcelarios donde presos pagan sobornos millonarios a guardiacárceles para ingresar celulares, electrodomésticos y celebrar cumpleaños con invitados, revelando un sistema corrupto que genera tráfico de dinero y estafas informáticas masivas desde las prisiones.
Señalaron la hipocresía de figuras como Malena Galvarini, quien ahora impulsa un proyecto para sacar los celulares cuando su sector gobernó décadas sin actuar, y destacaron iniciativas de Patricia Bullrich en cárceles federales con allanamientos e inhibidores, contrastando con la inacción en provinciales bajo Axel Kicillof.
Ante objeciones sobre posibles contramedidas como teléfonos satelitales, el panel coincidió en que los inhibidores cortan el grueso del problema, pero subrayaron la corrupción en el Servicio Penitenciario y la falta de voluntad política como el núcleo del issue.