El panel de Indignados profundizó el debate sobre el uso masivo de celulares en cárceles argentinas, afirmando que su proliferación se debe a una decisión política deliberada en lugar de limitaciones presupuestarias o técnicas, permitiendo a líderes criminales dirigir bandas desde prisión.
Inhibidores de señal cuestan apenas 150 dólares por unidad básica y son viables incluso en penitenciarías grandes como Seiza o Devoto con múltiples dispositivos, pero no se instalan pese a allanamientos costosos y estafas millonarias originadas en celdas. Panelistas descartaron excusas económicas y culparon a gobernadores como Kicillof por no dar la orden política.
Ante objeciones sobre teléfonos satelitales como alternativa, advirtieron que su ingreso vía sobornos es posible pero costoso (alrededor de 1500 dólares), y que incluso líneas fijas o equipos para guardias resuelven comunicaciones legítimas sin necesidad de celulares. Destacaron que el problema trasciende presupuestos, ya que invertir en inhibidores ahorraría en investigaciones, allanamientos y daños por entraderas y estafas.
Cuestionaron resistencias de guardias por adicción al celular durante turnos, recordando selfies con presos de fondo, y concluyeron que una directiva política federal y provincial eliminaría el control criminal desde adentro, priorizando vidas sobre excusas.