Marcela Iglesias, de seis años, murió en 1996 cuando una escultura de 300 kilos cayó sobre su espalda en el Paseo de la Infanta, cerca de los Arcos del Sol en Avenida Libertador. La niña participaba de un paseo escolar el día de un feriado, mientras esperaba en un pelotero junto a otras dos nenas de cinco años. La estructura, mal instalada en un suelo vibrado por el tren del Ferrocarril San Martín y sin habilitación, causó la tragedia en un circuito gastronómico que recién se rearmaba.
Sus padres, Nora y Eduardo Iglesias, llevan 30 años exigiendo justicia por falencias del sistema judicial argentino. Relatan cómo el juez Luis Alberto Aleje guardó el expediente nueve meses en un cajón, la jueza Susana Noceti de Anchele permitió 117 apelaciones y recusaciones, y el intendente Jorge Domínguez minimizó el hecho comparándolo con una maceta cayendo en la calle. Nadie asumió responsabilidad pese a evidencias de negligencia en diagramación, supervisión y base de las 13 esculturas.
Los juicios se suspendían sistemáticamente antes de fechas clave, lo que llevó a la familia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde seis jueces votaron en contra (incluyendo Zaffaroni, Argibay y otros), aplicando el artículo 280 del Código Procesal para declarar la causa 'insustancial'. En Casación, solo un juez favoreció su posición. Finalmente, recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en siete meses falló contra el Estado Nacional por responsabilidad en el caso.
Los padres destacan el ensañamiento judicial, como cuando la jueza les dijo "la muerte de su hija ya fue, ahora estamos en otra cosa", y una ley que liberó a implicados. Marcela era su única hija, y hoy tendría 36 años con familia propia. Insisten en que el Estado debe responder por estas tragedias evitables.