La misión de la ONU concluye que la represión persiste en Venezuela pese a la captura de Nicolás Maduro, con funcionarios implicados en crímenes de lesa humanidad aún en el Ejecutivo y casos continuos de violaciones a derechos humanos.
Entre septiembre y diciembre de 2025, la misión documentó al menos 135 detenciones arbitrarias, torturas, violencia de género y detenciones de familiares de objetivos. Registraron también la muerte de tres personas bajo custodia estatal por falta de atención médica oportuna.
Tras el operativo militar de enero que capturó a Maduro y Cilia Flores, la ONU calificó la intervención de Estados Unidos como ilegal, aunque responsabiliza a todos los actores represivos. Critican la nueva ley de amnistía por restrictiva, sin reparación a víctimas ni consulta pública adecuada, dejando fuera presos políticos y militares rebeldes.
Organizaciones de derechos humanos y familiares exigen liberación sin amnistía. La misión se extendió hasta octubre de 2026 para seguir investigando.