Marcelo Grandío, yerno del fallecido dueño de TN y exproductor en TV Pública, admitió que Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, pagó con fondos del Estado los pasajes de su familia para vacacionar en Punta del Este. El monto asciende a 7.200 dólares en total, incluyendo 3.600 dólares para Grandío y su pareja, más 600 dólares adicionales para otro familiar, según reveló en entrevistas que generaron contradicciones con el rol moralizador que Adorni asumía desde el atril presidencial.
Los panelistas destacaron la doble vara de Adorni, quien juzgaba la moral de políticos y periodistas mientras manejaba dinero en negro no declarado en su patrimonio de 108 millones con 95 millones de deuda. Recordaron casos históricos de sobresueldos como en el menemismo y la Agencia Nacional de Discapacidad, y cuestionaron cómo Adorni pasó de pedir trabajos gratuitos en radios a disponer de sumas millonarias en dos años, coincidiendo con su entrada en política como un "gran negocio" según Carlos Melconian.
Se revelaron nexos sospechosos: la esposa de Adorni asesora empresas involucradas en licitaciones por 2.500.000 dólares para envíos masivos de SMS y emails firmadas por el jefe de Gabinete, con dueños comunes que compitieron entre sí. Además, su empresa es cliente de una firma ligada a Mara Borini que compite por la concesión de Tecnópolis por 30 años, conectada a Karina Milei cuando asumió en el gobierno.
Rodolfo Taylade alertó sobre estas licitaciones pendientes de firma. En entrevista, Iván Sagrosky analizó el operativo clamor espontáneo en redes para defender a Adorni, señalando el poder de la Secretaría General y posibles internas entre Santiago Caputo y Karina Milei. Sagrosky descartó una salida fácil de Adorni y apuntó a múltiples organismos estatales involucrados en el vuelo, como ANAC y Migraciones, con filtraciones que podrían desequilibrar el ala karinista.
El debate subrayó el fracaso del eslogan moralizador de Milei, con ejemplos como el crecimiento patrimonial de Federico Sturzenegger y la permeabilidad del gobierno a irregularidades, exigiendo investigaciones judiciales sobre el origen del dinero y modos de vida de funcionarios.