La familia Sackler, dueños de Purdue Pharma, enfrentó protestas donde activistas como la madre de un joven muerto por OxyContin fueron rociados con aspersores activados por la empresa, mientras abogados como Maura Healy, hoy gobernadora de Massachusetts, lideraron la lucha contra la epidemia de opioides desatada por las mentiras sobre el bajo riesgo de adicción del analgésico.
Healy relató cómo electores le contaban tragedias familiares por adicción durante su campaña de 2014 para fiscal general, impulsándola a confrontar a los Sackler ante el Congreso tras 25 años de silencio, donde juraron decir la verdad pero defendieron sus acciones pese a la evidencia.
Fiscales de Virginia Occidental investigaron en secreto y enviaron a Paul Pelletier, del Departamento de Justicia, un memorando de 100 páginas con pruebas de que Purdue sobornó a Curtis Wright, funcionario de la FDA responsable de aprobar OxyContin, quien se reunió en secreto con ejecutivos, permitió que redactaran el prospecto engañoso y fue contratado por la empresa un año después.
Wright negó arrepentimientos en entrevista, pero el caso parecía sólido hasta que altos cargos del Departamento de Justicia intervinieron secretamente, frenaron los cargos penales y permitieron un acuerdo menor: Purdue y tres ejecutivos pagaron 634 millones de dólares sin cárcel, con Rudy Giuliani defendiendo a la farmacéutica, evitando un juicio que pudo haber parado la epidemia en 2007.
Testimonios previos revelaron vendedores minimizando riesgos para aumentar ventas, pacientes como Luis Hortensio volviéndose adictos compulsivos, y Richard Sackler celebrando el éxito comercial en juicio, mientras madres como la de Eddie descubrían la "porquería" de OxyContin que mataba "como moscas".