La Asamblea Popular China finalizó su gran evento anual aprobando una ley polémica sobre unidad étnica. Defensores de derechos humanos alertan que afectará a minorías como los uigures y preocupa a taiwaneses.
La normativa formaliza el uso del mandarín como idioma nacional en educación, asuntos oficiales y espacios públicos.
Además, penaliza la participación en actividades terroristas, separatistas étnicas o extremistas religiosas.