El gobierno de España oficializó un real decreto que extiende la cobertura sanitaria universal a inmigrantes en situación irregular y ciudadanos residentes en el exterior, eludiendo la votación parlamentaria.
La medida forma parte de un plan de regularización masiva de extranjeros y garantiza atención médica gratuita sin necesidad de residencia legal.
Esta estrategia diferencia a España del bloque europeo al priorizar el impacto económico y demográfico de la población migrante en los servicios públicos.