Presos de la Unidad 36 de Magdalena extorsionaron al soldado Rodrigo Andrés Gómez hasta llevarlo al suicidio con celulares autorizados durante la pandemia por el doctor Violini para mantener contacto familiar. La operación comenzó el 15 de diciembre cuando Gómez entró en una app de citas y fue engañado por delincuentes que fingían ser una mujer y policías, exigiendo transferencias por supuestas denuncias de pedofilia y trata. En 24 horas, Gómez transfirió 213 mil, 400 mil, 500 mil, 300 mil, 500 mil y 2 mil pesos, culminando en su suicidio a las 5:25 del 16 de diciembre.
El panel reveló que los celulares en penales surgieron en marzo de 2020 por un habeas corpus colectivo de Violini, y aunque se levantó la pandemia y volvió el contacto familiar, se mantuvieron de facto con 5.000 líneas en Buenos Aires. Los presos operan call centers con chips baratos (50 pesos por día), fotos truchas de sumarios y audios falsos de comisarías, con complicidad del Servicio Penitenciario que provee chips y tolera capangas con credenciales de limpieza.
Los conductores criticaron la situación por motines violentos si se quitan los celulares, dada la superpoblación y derechos adquiridos, pero advirtieron que genera más víctimas como Gómez. Jenny Diserio y Abigail Oliverio aportaron datos exclusivos de la causa, mostrando chats y audios donde Gómez suplicaba: "Estoy en la pobreza máxima ahora. Ya ni tengo para comer".
El debate incluyó defensores públicos que cuestionan prohibir celulares por derechos de detenidos, pero el panel enfatizó la presión psicológica y la infraestructura criminal dentro de las cárceles bonaerenses con 50.000 líneas celulares en poder de presos. Prometieron más información exclusiva sobre el caso.