Fernando Burlando asumió la representación legal de los propietarios de departamentos afectados por el derrumbe de un edificio construido bajo el plan Procrear. Los dueños esperan ansiosamente los resultados de las pericias técnicas para conocer el futuro de sus propiedades, con opiniones divididas: algunos son optimistas y otros pesimistas sobre la estructura restante.
Los damnificados enfrentan graves dramas personales, como quedar sin techo de un día para el otro, no poder retirar sus pertenencias ni rescatar mascotas atrapadas, y la incertidumbre sobre cuánto demorará una solución estable. Muchos recurrieron a hoteles pagados por el Gobierno de la Ciudad o se alojaron con familiares, mientras se suspendieron temporalmente las cuotas bancarias por tres meses, aunque estas se trasladarán al final del crédito.
Los vecinos protestaron enfurecidos contra el uso de una retroexcavadora que removió tierra del sitio el viernes, exigiendo que no se toque nada hasta completar las pericias. Más de una decena de vehículos quedaron destruidos y enterrados bajo la loza colapsada en el estacionamiento, sin víctimas fatales por fortuna.
Burlando destacó los reclamos penales por posibles errores de cálculo estructural o corrupción en la construcción a cargo de la empresa privada Constructora Sudamericana, contratada por el Estado. La responsabilidad primaria recae en la empresa, con el Estado como solidario si esta resulta insolvente, en medio de cuestionamientos a la calidad de los cimientos y el cumplimiento del proyecto original.
Los afectados acumulan gastos extras por traslados, comida afuera y lavandería, más allá del resarcimiento por vehículos, y critican las medidas como precarias ya que deben seguir pagando créditos mientras alquilan temporalmente.