Los vecinos desalojados del edificio colapsado en Buenos Aires lograron detener las retroexcavadoras de la constructora, que intentaban remover escombros sin autorización de la fiscalía, bajo la sospecha de que buscaban tapar pruebas clave para la investigación.
Los afectados, desesperados tras tres días en la calle, irrumpieron en la zona de riesgo para parar las máquinas, exigiendo la presencia de la fiscal María Selva Torre para garantizar que no se borren evidencias. Muchos perdieron autos aplastados, documentos y medicamentos, y enfrentan dificultades laborales mientras pagan cuotas de departamentos inhabitables.
Teresa, una vecina del séptimo piso con un hijo discapacitado, relató que solo pudo sacar una mochila en cinco minutos permitidos por bomberos, dejando atrás la medicación del niño por un pico de hipertensión. Otros denuncian doble estándar: no les permiten ingresar por sus pertenencias, pero la constructora sí opera libremente.
La policía reforzó el perímetro con infantería para evitar riesgos, mientras el panel en estudio destaca la angustia emocional de familias de clase media trabajadora, que ven peligrar sus vidas y proyectos. Periodistas en vivo reportan calma relativa tras la detención de las obras, pero piden explicaciones oficiales sobre peritajes realizados.
El corresponsal advierte que persiste la tensión, con vecinos al borde del colapso emocional por la incertidumbre de cuándo volverán a sus hogares, y critica la falta de información del gobierno de la ciudad y el administrador del consorcio.