Los presos utilizan celulares autorizados por la justicia para cometer estafas masivas desde las cárceles, convirtiendo los penales en call centers del delito donde operan modalidades como videollamadas coordinadas y amenazas con armas.
En una "escuelita del delito", los internos graban instrucciones para estafadores externos, incluyendo páginas web falsas de prostitución y redes sociales que atrapan víctimas con chantajes por supuestos contactos con menores, exigiendo pagos vía billeteras virtuales con cómplices afuera.
Un caso trágico involucró a un soldado custodio en Olivos que, tras caer en esta trampa iniciada en redes sociales, recibió llamadas falsas de policías haciéndose pasar por presos, lo obligaron a transferir casi 2 millones de pesos, endeudándose hasta quitarse la vida, dejando una carta donde culpaba a la relación virtual.
Estas estafas se intensificaron desde la pandemia con la flexibilización de teléfonos en cárceles, evolucionando de secuestros express a operaciones remotas solo con cómplices para videos genéricos de amenazas, y las autoridades recomiendan denunciar inmediatamente en comisarías cercanas.