El fiscal federal Sebastián Basso detalló más de 300 pruebas concretas que imputan a 11 personas de Irán y Hezbollah por el atentado terrorista contra la AMIA en 1994, solicitando juicio oral en ausencia ante los tribunales argentinos.
Las evidencias incluyen informes de inteligencia, documentos telefónicos, testimonios como el del testigo C, Manoucher Moatamer, integrante del Ministerio de Inteligencia iraní que reveló la trama interna, y secuencias de llamadas desde locutorios en Argentina conectadas con la Triple Frontera y Líbano. Basso enfatizó que estas pruebas forman un rompecabezas que solo cobra sentido en conjunto, como las llamadas de Samuel Salman El Reda a centrales de Hezbollah y su casa.
En medio de la ofensiva israelí contra Hezbollah en Líbano, que elimina líderes implicados, Basso diferenció el derecho penal de la guerra: los fiscales usan herramientas lentas y no violentas, mientras reconocen luces y sombras en la investigación argentina, descartando pruebas inválidas y condenas por irregularidades pasadas.
La defensa oficial interpone recursos en tres instancias, pero los jueces deben manejar tiempos; Basso espera que el juez Rafecas eleve la causa, permitiendo exhibir todo públicamente para reparar a víctimas y sociedad.