La CGT presentó un amparo solo contra el artículo 90 de la nueva reforma laboral que traspasa la justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires, sin pedir la inconstitucionalidad de toda la ley ni frenarla en su vigencia inmediata. Abogados sindicales, como el ex camarista Miguel Ángel Maza, radicaron la demanda en el fuero contencioso administrativo federal, enfocándose en un aspecto técnico constitucional que obliga a cada jurisdicción a tener su propio fuero laboral.
Expertos como Diego Armesto explicaron en el estudio que la ley ya rige desde su publicación, aplicando indemnizaciones de un sueldo por año a trabajadores actuales, mientras el FAL es para nuevos contratos. El amparo no detiene la reforma general, solo cuestiona el traspaso automático, similar a una cautelar previa de la Asociación de Magistrados contra la Ciudad.
Panelistas destacaron la prudencia de la CGT: no hay comunicados ni declaraciones de dirigentes, solo acción legal discreta sin romper con el gobierno. Cuestionaron la legitimidad del planteo, ya que la CGT no sufre daño directo, sino los trabajadores individuales, y sugirieron que los sindicalistas acordaron aspectos que no los afectan.
La estrategia parece buscar tiempo para impugnar otros puntos en fueros laborales provinciales, pero genera poco entusiasmo en el sindicalismo. El debate concluyó con expectativas sobre la respuesta judicial.