Prestadores de servicios para personas con discapacidad enfrentan el colapso total por el corte de pagos de las obras sociales y el gobierno nacional, que dejó de financiar tras la promulgación de la ley de emergencia en agosto pasado.
Ayer, la policía agredió a familiares de discapacitados que protestaban frente al Ministerio de Salud, y ahora el programa profundiza en el caso del centro de día Adid en La Paternal, donde la directora Gisela reveló que no cobraron los sueldos de enero y febrero, con una deuda acumulada de 50 millones de pesos.
El centro atiende a 30 personas de 20 a 80 años, con 14 empleados, y depende al 100% de las obras sociales y PAMI, que cortaron la cadena de pagos tras el traspaso de la ANDIS al Ministerio de Salud sin designar firmantes de partidas. Familias donan alimentos para el almuerzo diario, esencial para los concurrentes como Carlitos, de 72 años y usuario desde hace 60 años.
Familiares como Sirena, madre de Damián de 42 años, y otros relataron que el cierre significaría perder el único lugar de vida y rutina para sus seres queridos, con actividades como cocina que fomentan la independencia. El sector pide padrinos y donaciones ante la falta de aumentos en nomenclador hace más de un año.