El gobierno nacional utiliza la represión policial para impedir que los ciudadanos interpelen a sus representantes en el Congreso, interponiendo el monopolio de la violencia estatal entre manifestantes y legisladores electos. El conductor denuncia que esta acción rompe el contrato social democrático, donde debe primar el diálogo pese a las disputas políticas.
En el Ministerio de Salud, familiares de discapacitados y prestadores protestan por pagos adeudados desde octubre debido a la disolución de ANSES y traspasos ministeriales, pese a una ley de emergencia aprobada por el Congreso y fondos disponibles. El Estado retiene recursos públicos destinados al sector, generando una crisis de subsistencia en el borde de la pobreza.
La represión envía una señal política clara: desalentar carreras profesionales en atención a discapacitados al insinuar la desaparición de políticas estatales para este sector. Quien protesta recibe no diálogo, sino violencia con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y palazos, en lugar de mesas de negociación.
El presidente Javier Milei insulta públicamente a diputados y senadores en la apertura de sesiones, ofendiendo indirectamente a toda la ciudadanía. Esto se suma a la represión de ayer en la Secretaría de Trabajo, donde trabajadores reclamaban puestos laborales y cumplimiento de conciliación obligatoria dictada por el propio Estado, pero fueron reprimidos injustamente.
Un testimonio de un trabajador describe la constante amenaza de pérdida de empleo desde la asunción del gobierno hace dos años, con reformas que destruyen organismos protectores de derechos laborales. La audiencia en el Ministerio de Trabajo no resolvió el cierre de una fábrica ni el futuro de 900 trabajadores, optando por represión en vez de soluciones.