Sebastián Basso, fiscal del caso AMIA, pidió procesar a 11 personas, mayormente iraníes, para elevar rápidamente el caso a juicio oral y exhibir evidencias acumuladas por el Estado argentino durante 30 años.
La Fiscalía sostiene que Hezbollah, patrocinado por el régimen iraní de los ayatolás, ejecutó el atentado de 1994 como parte de una política terrorista global para sabotear los tratados de paz entre Israel y Arafat en los años 90.
Basso explicó que Irán eligió Argentina como objetivo remoto, 'el fin del mundo', demostrando su alcance, y vinculó el ataque con otro atentado al día siguiente en Panamá contra un avión con israelíes, reivindicado por un grupo libanés y coordinado por Salman Ruf Salman.
El fiscal desestimó móviles locales como uranio o barcos contra Menem, insistiendo en el contexto geopolítico. Sandra Arroyo Salgado respaldó el juicio en ausencia para mostrar pruebas a víctimas y sociedad, destacando declaraciones terroristas de EE.UU. y Europa contra Hezbollah, Hamas e Irán.
Luis Chichesky, querellante y padre de Paola, víctima de la bomba, celebró la ley argentina de juicio en ausencia y enfatizó que el debate oral revelará pruebas contundentes del expediente a toda la sociedad.